Este lunes 26 de mayo, el Juzgado de Garantía de La Serena se llevó a cabo la primera jornada de formalización de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, por el delito de fraude al fisco en el marco del denominado caso “Papaya Gate”, en el que se investiga la presunta malversación de $9.800 millones de fondos públicos destinados a emergencias.
La investigación del Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), reveló que los dineros —que debían ser utilizados para enfrentar situaciones de catástrofe— habrían sido desviados mediante una cuestionada compra de terrenos sin justificación técnica adecuada durante la administración de Pinto (2018-2020).
Junto a la exintendenta, la Fiscalía formalizó a otros exfuncionarios del Gobierno Regional, incluyendo al exjefe de la División de Planificación y Desarrollo y exasesores jurídicos, por su presunta participación en la operación irregular. Según la fiscalía, los involucrados habrían diseñado un mecanismo para simular urgencia en la adquisición de inmuebles y eludir los controles administrativos.
La defensa de Pinto negó los cargos, señalando que tomaron todas las decisiones conforme a la normativa vigente. No obstante, el tribunal decretó medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para los imputados mientras se prolonga la investigación.
El caso “Papaya Gate”, bautizado así por la identificación de la región de Coquimbo con dicha fruta, ha generado un fuerte impacto político y ciudadano, abriendo un nuevo debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos en contextos de emergencia. El dinero que se suponía era para enfrentar emergencias terminó en la compra de terrenos sin explicación clara. Lucía Pinto y compañía ahora enfrentan la verdadera urgencia: responder ante la justicia por los $9.800 millones.
