En un anuncio que marca un hito en la historia penitenciaria de Chile, el presidente Gabriel Boric informó durante su última Cuenta Pública que el penal de Punta Peuco —hasta ahora exclusivo para violadores de derechos humanos— será transformado en una cárcel común.
La medida, que busca igualdad ante la ley y responder a la crisis de sobrepoblación carcelaria, generó una fuerte oposición en Tiltil. Tanto el alcalde César Mena como vecinos del sector han manifestado su rechazo, alertando sobre los impactos negativos que podría tener la decisión en la seguridad y tranquilidad del territorio.
En entrevista con BioBioChile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, profundizó sobre uno de los anuncios más controversiales de la reciente Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric: la transformación del penal Punta Peuco en una cárcel común.
Según Gajardo, la decisión se fundamenta en criterios de igualdad ante la ley y en la necesidad de entregar a Gendarmería mayores herramientas para administrar eficazmente el sistema penitenciario. De hecho, recordó que el expresidente Sebastián Piñera usó argumentos similares al cerrar el penal Cordillera en 2013.
“No hay justificación constitucional ni práctica para mantener un penal especial para violadores de Derechos Humanos”, afirmó el ministro.
Sobrepoblación carcelaria: un problema crítico
Uno de los temas más urgentes que enfrenta el Ministerio de Justicia es la crisis de sobrepoblación carcelaria. Según Gajardo, el sistema ha crecido de 41 mil a cerca de 60 mil personas privadas de libertad en solo tres años.
Actualmente, la sobrepoblación supera el 43%, y para enfrentarla, el Gobierno ha impulsado un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Este contempla la creación de 14 mil nuevas plazas, además de la duplicación de las plazas de alta y máxima seguridad, fundamentales para aislar a líderes de bandas criminales y enfrentar el crimen organizado.
¿Qué pasará con Punta Peuco?
El proceso para modificar el estatus del penal ya está en marcha. El informe técnico de Gendarmería fue emitido el 11 de junio y ahora se encuentra en trámite el decreto que será enviado a Contraloría. Una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial, Punta Peuco pasará a ser un penal común, como los otros 80 recintos del país.
Sobre el perfil de la población que será reubicada en ese penal, Gajardo adelantó que serán adultos mayores con baja o mediana peligrosidad, sin importar el delito cometido.
Plan Nacional de Búsqueda: prioridad en DD.HH.
Otro eje clave para el ministro ha sido el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que busca esclarecer el destino de 1.469 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. El plan ya cuenta con una nómina oficial unificada y un mapa de trayectorias, y ha dinamizado causas judiciales estancadas.
Además, destaca la incorporación de la Iglesia Católica al Comité de Seguimiento, reconociendo su rol histórico durante la dictadura.
“Este es un compromiso ético del Estado. Estoy convencido de que el plan continuará con cualquier gobierno”, aseguró Gajardo.
