Este martes 17 de junio, la justicia argentina ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá cumplir seis años de prisión por corrupción en modalidad domiciliaria, con el uso de una tobillera electrónica. La medida también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La exmandataria, de 72 años, pasará su condena en su departamento de 200 m² ubicado en la calle San José 1111, en pleno centro de Buenos Aires. La resolución judicial estipula que “deberá abstenerse de comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.
La causa por la que fue condenada en 2022 corresponde a las irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, con pagos de sobreprecios y favoritismo en la asignación de licitaciones.
En su defensa, Fernández recordó el intento de magnicidio que sufrió en 2022, argumento que fue considerado por el tribunal al momento de determinar su reclusión en el hogar. La resolución judicial de 19 páginas destaca que la prisión domiciliaria responde a “la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes con el derecho constitucional y convencional”.
Reacciones y manifestaciones en apoyo
La expresidenta de centroizquierda ha denunciado la parcialidad del fallo, calificando a los jueces de la Corte Suprema como “monigotes del poder económico”. A su vez, su abogado Gregorio Dalbón declaró que la sentencia solo tenía dos caminos, “nulidad o absolución”, y aunque se concretó la condena, calificó la prisión domiciliaria como una “victoria del pueblo”.
Desde que se conoció la resolución, se han registrado múltiples manifestaciones en apoyo a Fernández, no solo en distintos puntos de Argentina, sino también en ciudades de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica, donde organizaciones y simpatizantes la consideran víctima de una “persecución política”.
La condena marca un nuevo capítulo en la historia judicial y política de una de las figuras más influyentes del kirchnerismo, con un fallo que continuará generando reacciones tanto en el ámbito judicial como en el político.
