El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella penal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Independiente – Demócratas), acusándolo del delito de fraude al fisco junto a otras tres personas: Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y apunta a una presunta red de contratos irregulares que habrían permitido desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines distintos a los establecidos por la ley de presupuestos.
Según los antecedentes recabados por el CDE, Carla Graf firmó múltiples contratos para prestar asesorías, coordinación y elaboración de estudios para el equipo del diputado. No obstante, los pagos por estos servicios, que superaron los 100 millones de pesos, no contarían con respaldo documental ni evidencias de su ejecución real. Además, se detectó que la imputada no era reconocida como parte del equipo de trabajo en Aysén.
“Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien, faltando a los deberes de su cargo, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados”, señaló el CDE en el documento judicial.
El organismo también sostuvo que se identificaron múltiples transferencias de dinero entre los imputados, coincidiendo con periodos de campañas políticas en la región. Estas transacciones reforzarían la hipótesis de que los fondos fueron usados para gastos personales y electorales.
Por ahora, el CDE busca que se establezcan las responsabilidades penales por el daño económico al Estado y que se sancione la eventual malversación de recursos públicos por parte del parlamentario y su círculo cercano. CHH
