El sistema judicial chileno enfrenta diversos cuestionamientos luego de conocerse nuevos antecedentes sobre la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano imputado por su participación en el homicidio del empresario José Reyes Sosa. La excarcelación ocurrió el 10 de julio, apenas un día después de haber sido formalizado, y actualmente el imputado permanece prófugo.
El caso ha escalado rápidamente, involucrando a diversas esferas del debate público: desde cuestionamientos en el ámbito judicial hasta un intenso tratamiento en medios de comunicación y redes sociales. En esa línea, el ministro de seguridad calificó la situación como “inexplicable y grave”, subrayando la urgencia de esclarecer responsabilidades.
Ante la gravedad de los hechos, este jueves 17 de julio, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) manifestó su preocupación y emplazó a Gendarmería a esclarecer su rol en la tramitación administrativa que derivó en la salida del imputado desde el penal Santiago 1.
Magistrados: “Se recibieron comunicaciones oficiales con horarios distintos”
Mediante una declaración pública, la ANMM precisó que fue la jueza de garantía quien ordenó expresamente la prisión preventiva de Ferrer, como quedó registrado en audiencia pública. Según el comunicado, la situación que permitió su salida se habría originado en la gestión de los oficios de ingreso al centro penitenciario, donde se detectaron inconsistencias horarias.
El gremio recalcó que Gendarmería habría recibido dos comunicaciones con horarios distintos, sin consultar al tribunal ni advertir la contradicción, lo que pudo haber evitado la excarcelación. A juicio de los magistrados, este caso obliga a revisar los protocolos administrativos e informáticos del sistema de justicia.
Gendarmería: “No nos corresponde cuestionar documentos judiciales”
Desde Gendarmería, el director nacional (s), Rubén Pérez, indicó que el servicio se encuentra a disposición del Ministerio Público y que será la justicia quien determine si hubo errores procedimentales. “No es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales”, señaló.
La institución también reafirmó su compromiso con el proceso investigativo en curso y aseguró que, de detectarse un error procedimental por parte del personal, se adoptarán las medidas correspondientes.
Ver esta publicación en Instagram
El caso: un asesinato por encargo en Ñuñoa
El hecho que dio origen al proceso ocurrió el 19 de junio, cuando José Reyes Sosa, empresario de 43 años y reconocido comerciante del barrio Meiggs, fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa.
Inicialmente se pensó en un robo, pero la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) estableció que se trataba de un homicidio por encargo. Tres personas fueron formalizadas, entre ellas Osmar Ferrer, quien ahora permanece prófugo tras haber sido liberado por error.
Desde entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros activaron una alerta nacional e internacional con el apoyo de Interpol, para dar con su paradero.
Llamado a revisar protocolos
Tanto la ANMM como Gendarmería coinciden en la necesidad de revisar los procedimientos y fortalecer los canales de comunicación entre instituciones. El objetivo es evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir y resguardar el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Mientras tanto, continúa la búsqueda del imputado y las investigaciones administrativas y penales para esclarecer responsabilidades.
