La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, confirmando la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación tras la falta de acreditación completa de subvenciones escolares correspondientes al año 2022.
La medida implica la privación temporal y parcial de un 9 % de la subvención general por el plazo de un mes.
Antecedentes del caso
La Superintendencia inició el proceso sancionatorio luego de solicitar a la entidad certificados bancarios y documentación que acreditara la disponibilidad de los recursos no ejecutados durante el período rendido.
Según el fallo, la Corporación no presentó todos los respaldos exigidos, lo que impidió verificar la totalidad de los saldos.
La entidad municipal sostuvo que se vulneraba el principio de non bis in idem, alegando una supuesta doble sanción por hechos anteriores, además de cuestionar la calificación de la infracción y la proporcionalidad de la medida.
Decisión del tribunal
La Corte determinó que no existía doble sanción, dado que los casos previos correspondían a otros períodos presupuestarios, y que el proceso actual se refería exclusivamente al año 2022, con montos y registros distintos.
Asimismo, consideró que la Superintendencia actuó dentro de sus atribuciones al sancionar el incumplimiento reiterado de los requerimientos de información.
Además, el tribunal calificó la medida como proporcional, considerando la reincidencia y la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a educación.
Impacto en la comuna
La Corporación Municipal administra trece establecimientos educacionales en Lampa. La privación de un porcentaje de la subvención general se traduce en menor disponibilidad transitoria de recursos, lo que podría afectar gestión, operatividad y ejecución presupuestaria durante el periodo sancionado.
Qué significa esta sanción
- No implica devolución de recursos.
- La Corporación mantiene la administración de los establecimientos.
- La medida remarca la obligación de justificar cada peso público recibido.
- Se refuerza la exigencia de documentación completa y verificable en las cuentas anuales.
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