La decisión del Ministerio de Salud de mantener la Ley Ricarte Soto en pausa volvió a generar preocupación entre pacientes y organizaciones, luego de confirmarse la suspensión del proceso de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias que permitiría ampliar la cobertura del sistema de enfermedades de alto costo.
La normativa, vigente desde 2015, fue creada para financiar tratamientos complejos mediante un fondo anual de 100 mil millones de pesos.
Con el paso de los años, la ley permitió incorporar de forma gradual distintas patologías, alcanzando actualmente 27 enfermedades cubiertas, entre ellas varios tipos de cáncer fuera del AUGE/GES, patologías inmunológicas y enfermedades poco frecuentes.
Sin embargo, el último decreto que amplió esta cobertura fue publicado en 2021. Desde entonces, no se han sumado nuevas patologías y el proceso quedó nuevamente detenido, esta vez a la espera de un informe financiero que el Ministerio de Hacienda aún no ha entregado, según confirmó la propia cartera sanitaria.
Críticas desde pacientes y expertos
El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó la decisión y advirtió que la suspensión “condena a miles de familias a seguir esperando en la incertidumbre”, recalcando que las enfermedades no se detienen ni responden a los tiempos administrativos del Estado.
Durante la primera etapa del último proceso de evaluación, realizada el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo, entre ellos terapias para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.
Jessica Cubillos, presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, sostuvo que la ley es una herramienta clave para quienes viven con patologías complejas, pero advirtió que cuando las decisiones se postergan “esa ventana termina transformándose en una traba gigante”.
Desde el ámbito técnico, la economista experta en salud Daniela Sugg explicó que el principal problema es financiero. A su juicio, no es viable seguir incorporando nuevas tecnologías mientras los recursos actuales no alcanzan para cubrir lo que ya está garantizado, lo que mantiene a la Ley Ricarte Soto en pausa y sin avances concretos.
En paralelo, el Ministerio de Salud ingresó en junio de 2025 un proyecto de ley para reforzar el financiamiento del fondo, iniciativa que fue aprobada en general, pero que hasta ahora no registra avances sustantivos en el Congreso.
