Este jueves 3 de julio de 2025, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente formalizó a seis personas por su presunta participación en una organización criminal que defraudó al Estado a través de subvenciones públicas otorgadas entre 2020 y 2021, durante la administración del exintendente Felipe Guevara. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos, por un monto que asciende a $750 millones.
El caso fue denunciado en septiembre de 2021 por el equipo del actual Gobierno Regional de Santiago, liderado por Claudio Orrego, tras detectar irregularidades al asumir el cargo en proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Las iniciativas, presentadas bajo el contexto de actividades deportivas y comunitarias —como un “masivo de zumba” durante plena pandemia— nunca se realizaron y habrían servido únicamente como fachada para desviar recursos fiscales.
Cómo operaba la red criminal y quiénes fueron formalizados
Según explicó el fiscal Miguel Ángel Orellana, los imputados utilizaban ONGs y asociaciones deportivas preexistentes, que formalmente cumplían los requisitos para postular a fondos públicos. Sin embargo, una vez adjudicados, los proyectos no se ejecutaban, y el dinero era transferido a cuentas relacionadas con los mismos integrantes de la red.
Las organizaciones involucradas incluyen a la ONG RCKLT, la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida y la Corporación Patrimonial Historias Nuestras. Se identificó una estructura jerárquica con roles diferenciados: unos captaban fondos, otros gestionaban cuentas bancarias, y un tercer grupo facilitaba el lavado de activos mediante empresas relacionadas.
Cuatro de los imputados —Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo y Jorge Castillo— quedaron en prisión preventiva, con cauciones que van desde $25 a $80 millones, y un plazo de 180 días para cumplir la medida. En tanto, Cecilia Yáñez y Jorge Toro quedaron con firma semanal, arraigo nacional y prohibición de contacto con los demás involucrados.
Además, el Ministerio Público ordenó la incautación anticipada de fondos y la revisión de comprobantes y boletas como parte de las diligencias para robustecer la investigación.
Orrego: “No vamos a descansar hasta recuperar cada peso”
El gobernador Claudio Orrego expresó que “a casi cuatro años de haber denunciado el escandaloso caso Zumba, hoy vemos avances concretos. La detención de seis personas, cuatro de ellas en prisión preventiva, confirma nuestras sospechas: aquí hubo fraude grave, asociación ilícita y apropiación indebida de recursos que pertenecen a todos los santiaguinos”.
Desde que asumió en julio de 2021, el actual gobierno regional inició auditorías internas y presentó querellas ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas acciones permitieron abrir una línea investigativa sólida, con apoyo del OS9 de Carabineros y el equipo jurídico del Gobierno Regional.
El caso Zumba, que por años ha sido símbolo de negligencia administrativa y aprovechamiento político, se convierte ahora en una señal de justicia en curso y en una advertencia contra el mal uso de recursos públicos.
