El ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario José Reyes Sosa en la comuna de Ñuñoa, lleva cuatro días en libertad luego de que fuera excarcelado por un error administrativo. La situación fue advertida recién la noche de este lunes 14 de julio, lo que motivó a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros a activar una alerta de búsqueda nacional e internacional.
Ambas instituciones emitieron notificaciones Azul y Roja de Interpol, lo que significa que los 196 países miembros del organismo ya están alertados sobre su posible desplazamiento. Al mismo tiempo, se conformó una fuerza de tarea multidisciplinaria integrada por las brigadas de Cibercrimen, Crimen Organizado y Antisecuestros, que trabajará en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente para esclarecer los hechos y dar con su paradero.
Error de tipeo permitió su liberación
La excarcelación del imputado ocurrió el 10 de julio, apenas un día después de su formalización. Según información revelada por Meganoticias y documentos judiciales, el origen del problema sería un error de tipeo en su apellido: en un primer oficio, se consignó como “Frrer Ramírez” en vez de “Ferrer Ramírez”.
El Poder Judicial informó que el 9 de julio, a las 20:17 horas, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó su ingreso a prisión preventiva. Sin embargo, a las 20:25 horas de ese mismo día, se dejó sin efecto la instrucción para corregir el problema de identificación. Quince minutos más tarde, se emitió una nueva orden con los datos corregidos. No obstante, Ferrer ya había sido liberado.
Fiscal Pastén interroga a jueza firmante
En medio de la creciente polémica, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, interrogó este martes a la jueza Irene Rodríguez Chávez, cuya firma aparece en el oficio que habilitó la excarcelación. El persecutor indicó que no se descarta ninguna hipótesis y que los hechos podrían configurar delitos como evasión de detenido, falsificación o negligencia dolosa.
La investigación busca aclarar si hubo un error administrativo genuino o una posible acción fraudulenta. Mientras tanto, Ferrer continúa prófugo, y su liberación irregular ha puesto bajo la lupa al sistema judicial y penitenciario chileno.
