Una serie de irregularidades en el uso de recursos públicos detectó la Contraloría General de la República tras auditar seis Gobiernos Regionales entre enero y septiembre de 2024. Las revisiones se enfocaron en evitar desvíos hacia campañas electorales y en verificar el uso correcto de fondos, bienes y redes institucionales.
Según indicó Contraloría se verificó que cada Gobierno Regional “haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral”.
Gobierno Regional Metropolitano
La Contraloría detectó que el Gobierno RM destinó más de $31 millones a un servicio que, según su contrato, correspondía a asesoría sobre gestión institucional. Sin embargo, al revisar el contenido de las sesiones, se constató que “se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional para su reelección”.
Además, se realizaron compras vía trato directo por más de $51 millones sin cumplir requisitos normativos, y se contrataron empresas como IDOM y AJEM Asesores por más de $150 millones, sin justificar debidamente el cumplimiento de contratos ni la idoneidad de los proveedores.
Gobierno Regional de Tarapacá
Se observaron contrataciones a honorarios improcedentes por más de $7 millones y el uso de redes institucionales con fines políticos. Según el informe, se detectó “el mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección”.
Además, la institución no mantiene un análisis actualizado de las transferencias pendientes de rendición, lo que afecta la transparencia financiera. Se ordenó la apertura de un sumario.
Gobierno Regional de Antofagasta
Uno de los hallazgos más graves fue la existencia de más de $4.200 millones sin rendición por parte de entidades privadas, con recursos entregados desde 2021. A esto se suman más de $4.800 millones observados o rechazados por falta de respaldo.
Según la Contraloría, esta situación “deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas”. También se identificaron fallas en el control de vehículos fiscales, uso de redes institucionales y contrataciones por honorarios para tareas propias del funcionamiento interno.
Gobierno Regional de La Araucanía
Se cuestionó la contratación directa de Ananda Comunicaciones por casi $50 millones para asesoría en “Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital”, ya que el servicio incluía una evaluación ciudadana del gobernador. Esto, según el informe, “no se ajusta al principio de probidad”.
Asimismo, se contrató mediante trato directo a una empresa de transportes por $69 millones sin respaldo suficiente, y a un estudio jurídico por 400 UF, del cual solo se recibió uno de los cuatro informes comprometidos, sin aplicar multas por atraso.
Gobierno Regional de Los Ríos
Se mantiene un saldo pendiente de rendición de más de $8.600 millones por transferencias al sector público, algunos registros desde 2015. Además, se detectaron anticipos por casi $8.000 millones que tampoco han sido rendidos.
Frente a esto, el informe indica que “el Gobierno Regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control”. También se detectaron viáticos asociados a funciones habituales y uso inadecuado de vehículos fiscales, lo que será objeto de investigación.
Gobierno Regional de Magallanes
Prestadores de servicios contratados a honorarios incluyeron funciones como manejo de redes sociales y cobertura periodística del gobernador. La Contraloría instruyó que estas actividades “se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual”.
Además, varios informes de actividades fueron aprobados por personas distintas a las establecidas en los convenios, y muchos de ellos no detallaban las tareas realizadas. También se registró un exceso en el consumo de combustible del vehículo oficial del gobernador por más de cinco meses. CHH
