Este viernes 13 de junio de 2025, la Contraloría General de la República dio a conocer el Informe N.º 930 de 2024, que reveló serias irregularidades en los procedimientos de fiscalización del O. S. 11 (Control de Armas y Explosivos) de Carabineros de Chile, específicamente en la labor de la Autoridad Fiscalizadora N.º 28, encargada del control de armas inscritas en el país.
Omisiones graves en fiscalizaciones y denuncias
El organismo fiscalizador advirtió que la institución no cumplió con su obligación de denunciar al Ministerio Público en casos donde las armas no fueron encontradas en los domicilios registrados o no fueron transferidas tras el fallecimiento de sus titulares, tal como exige la normativa vigente. Estas omisiones quedaron consignadas en los numerales 6 y 7 del acápite “Examen de la Materia Auditada”.
Además, se evidenció que no se realizaron validaciones previas para priorizar inspecciones en personas condenadas por crímenes o simples delitos que poseían armas registradas, con el objetivo de incautarlas. En una muestra revisada por la Contraloría, se detectaron 37 armas vinculadas a 26 personas condenadas que, pese a haber sido fiscalizadas, no fueron confiscadas ni denunciadas.
El informe también reveló que en 30 inspecciones a domicilios de personas fallecidas, las armas no fueron halladas y no se pudo acreditar su traspaso conforme a la ley. Aunque el sistema informático registraba que se realizaron las denuncias, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichos actos con documentación válida.
La Contraloría concluyó que hubo una grave falta de seguimiento y monitoreo, lo que impidió adoptar medidas correctivas a tiempo, como denuncias o cancelaciones por parte de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Este descuido expone al país a riesgos importantes, como el uso indebido de armas por personas no aptas o su eventual desvío al mercado ilegal.
Contraloría toma acciones
Ante estos hallazgos, el ente contralor anunció la apertura de un procedimiento disciplinario directo y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas.
