Un nuevo caso de liberación por error vuelve a poner en la mira a Gendarmería. Esta vez se trata de Giovanny Lillo Maltés, imputado por estafa, quien quedó en libertad a pesar de que existía una orden judicial para que permaneciera en prisión preventiva. El hecho ocurrió en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y fue descubierto el 13 de julio, cuando se intentó coordinar su comparecencia a una audiencia.
Según los antecedentes, Lillo fue denunciado en 2021 por intentar comprar una camioneta mediante un falso depósito de casi 10 millones de pesos en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos. Tras años prófugo, fue detenido el 12 de julio y se ordenó su reingreso inmediato a un penal. Sin embargo, la revisión de cámaras reveló que un funcionario de Gendarmería lo dejó salir al día siguiente.
Pese a lo ocurrido, el imputado participó en la audiencia programada, pero lo hizo desde su casa y no desde prisión, como había instruido el tribunal. De acuerdo a información de Radio Bio Bio, dos gendarmes fueron apartados de sus funciones mientras se desarrolla una investigación interna para esclarecer lo sucedido.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó en Radio Usach que “este tipo de situaciones son inaceptables, no pueden ocurrir dentro de nuestro sistema (…) Las responsabilidades son plenamente de Gendarmería, y Gendarmería está tomando las medidas”. Asimismo, señaló que sostendrá reuniones con la dirección de la institución para evitar que se repitan este tipo de errores.
Este caso se suma a otros recientes, como la liberación del presunto sicario acusado de asesinar al “Rey de Meiggs” y las excarcelaciones irregulares registradas en Copiapó y La Serena, que han encendido las alertas sobre los protocolos y comunicaciones internas de Gendarmería. CHH
