El exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, salió al paso de las críticas formuladas por la senadora Fabiola Campillai y organizaciones de Derechos Humanos tras el beneficio de salida dominical otorgado al excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la parlamentaria.
La controversia surgió luego de que el Consejo Técnico de la cárcel de Molina aprobara el permiso. Desde ese momento, Campillai y agrupaciones de DD.HH. apuntaron al actual director de Gendarmería, Rubén Pérez, acusando que la decisión se habría producido tras una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, y solicitando su renuncia.
Para Alveal, esta solicitud es “una tremenda irresponsabilidad”, subrayando que el marco jurídico permite que todos los condenados, si cumplen requisitos, puedan postular a beneficios penitenciarios.
“Cuando aparecen cuestionando una norma que está y funciona desde que Gendarmería existe (…) y además responsabilizando al director, me parece extremadamente grave”, afirmó, recalcando que el Consejo Técnico es autónomo y que cualquier intervención del director nacional constituiría “una falta gravísima”.
El exdirector también apuntó directamente a la senadora Campillai: “Me parece que una senadora que, a través de su cargo, intente conculcar un derecho que está establecido por ley (…) incluso puede estar vulnerando los Derechos Humanos porque ella es parte del Estado”.
Añadió que, pese a la gravedad de los hechos ocurridos, Maturana “está cumpliendo una condena” que contempla la concesión o rechazo de permisos según el cumplimiento de requisitos legales.
“Lógica casi enfermiza de una teoría conspirativa”
Respecto al vínculo establecido entre la reunión de Pérez con Kast y el beneficio otorgado, Alveal fue tajante:
“Me parece brutal toda esta lógica casi enfermiza de una teoría conspirativa vinculando al presidente electo con la otorgación de un permiso de salida”, insistiendo en que ni siquiera el director regional tiene injerencia en los Consejos Técnicos.
A su juicio, existe un “provecho político” que genera “un tremendo daño al Estado de Derecho”, señalando además que los Derechos Humanos “han sido utilizados políticamente y no con una lógica genuina”.
Cómo opera el Consejo Técnico
Alveal explicó que los Consejos Técnicos están compuestos por cinco integrantes, todos con derecho a voz y voto, y que para conceder un beneficio se requiere mayoría simple.
“Si el alcaide vota sí y los cuatro integrantes votan que no, este interno no va a salir”, precisó.
Finalmente, concluyó que en los 83 consejos técnicos que sesionan mensualmente en el país, no interviene ni el director regional ni el director nacional, ya que “no tienen ninguna injerencia” en la aprobación indicidual de beneficios intrapenitenciarios.
