La investigación que indaga una red criminal al interior de Gendarmería sumó un antecedente que volvió a tensionar los controles en recintos de alta seguridad. Un funcionario formalizado habría prestado su teléfono celular a un condenado por violaciones a los derechos humanos mientras este se encontraba recluido en el penal de Punta Peuco.
El hecho involucra al gendarme Humberto Sandoval Pino, uno de los 47 funcionarios formalizados en la causa, y al ex agente de la DINA y ex teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García, condenado a más de 80 años de cárcel por su responsabilidad en la Operación Colombo.
Llamadas sin control institucional
Durante una audiencia, el fiscal Sergio Soto, jefe del foco penitenciario del Ministerio Público, expuso que la Fiscalía cuenta con registros de una conversación telefónica interceptada en la que Godoy se comunica con su hija utilizando el dispositivo del funcionario.
El antecedente fue presentado para desestimar el argumento de la defensa, que sostenía que Sandoval no representaba un riesgo al no desempeñarse actualmente en la cárcel Santiago 1.
Una práctica reiterada
Según explicó el persecutor, el préstamo del celular no habría sido un hecho aislado, sino parte de una dinámica habitual. “Se transformó en una especie de call center, facilitando teléfonos a los condenados”, afirmó Soto ante el tribunal.
Para la Fiscalía, esta conducta permitía eludir los controles penitenciarios y mantener comunicaciones externas sin supervisión.
Red criminal bajo investigación
Sandoval es investigado por actuar en coordinación con bandas criminales que operaban al interior de Santiago 1, facilitando el ingreso de objetos prohibidos a cambio de dinero. La causa incluye transferencias bancarias acreditadas desde integrantes de estas organizaciones hacia el funcionario.
El 30 de diciembre, el tribunal decretó prisión preventiva para 42 gendarmes y 20 civiles, acogiendo la solicitud del Ministerio Público por el riesgo que representaban para la investigación.
