Este lunes 13 de abril, en Estación Central, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó un plan piloto que contempla destinar 250 millones de pesos para la compra de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT), también conocidas como pistolas taser, para Carabineros.
Según estimaciones, con ese presupuesto se podrán adquirir cerca de 60 equipos. Esta iniciativa tendrá una duración de 10 meses, tras los cuales se realizará una evaluación para definir una eventual nueva inversión.
En la instancia, Orrego cuestionó que más de 100 países ya utilizan estos dispositivos, mientras Chile aún no los implementa.
Protocolo de uso
De acuerdo con el protocolo de uso, porte y mantenimiento elaborado por Carabineros, las taser podrán emplearse en distintos procedimientos según el nivel de agresión presente en cada caso. Aunque inicialmente se evaluó su aplicación en violencia intrafamiliar, esa opción fue descartada por la institución y el gobierno.
El documento establece que su uso corresponde a un “Nivel 4: Agresión Activa”, cuando “el controlado intenta agredir al carabinero para resistir el control o evadirlo”. También precisa situaciones como “el controlado cierra sus puños para agredir o intenta golpear al carabinero con un objeto”.
Asimismo, se prohíbe que el disparo sea “dirigido a los ojos, genitales u otras zonas vitales”, además de evitar activaciones en contacto directo o más de una descarga contra la misma persona.
En términos generales, estas armas emiten pulsos eléctricos de alto voltaje, con una intensidad de 1 a 3 miliamperios, equivalente a la corriente de una cerca eléctrica para ganado, según el Gobierno de Santiago. Su efecto dura aproximadamente cinco segundos, dependiendo del fabricante.
“Como Gobierno de Santiago venimos hace unos cinco años pidiendo públicamente que se dote a nuestras policías de estos dispositivos, porque hemos tenido muchísimos casos en Santiago y en Chile de agresiones absolutamente evitables a Carabineros, y de personas que han terminado muertas porque no había un instrumento disuasivo alternativo al arma de fuego”, señaló el gobernador a La Tercera.
