Este martes 4 de noviembre fue presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que el penal Punta Peuco se convierta en una cárcel común.
En específico, la acción judicial fue interpuesta por el abogado de la Fundación Verdad y Justicia, Raúl Meza, quien además representa a algunos reclusos.
Según sostiene el documento, el cambio es “ilegal y arbitrario” y vulneraría los derechos constitucionales de los reos.
“Queremos que los tratados de derechos humanos se apliquen en este caso, porque existe una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en el gobierno de Michelle Bachelet”, señaló Meza en conversación con 24 Horas.
Asimismo, se refirió al ambiente que se vive al interior de los recintos penitenciarios. “Sabemos la externalidad negativa que se provoca dentro de una cárcel. Tráfico, violencia, hurto, robo”, añadió.
En el mismo sentido, el abogado sostuvo que “la población de reos comunes que llegará serán jóvenes violentos y refractarios, constituyéndose esto en un riesgo inminente sobre la vida y la integridad física de los internos adultos mayores”.
Motivaciones políticas
Por otra parte, Raúl Meza acusó intereses políticos por parte del presidente Gabriel Boric al momento de tomar esta decisión.
“¿Eso es lo que quiere el presidente Boric para Punta Peuco? Que lo diga abiertamente, que no tiene razones de carácter jurídico constitucional y que tiene razones de carácter político o de venganza política”, manifestó.
