En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció la tranformación del penal Punta Peuco, recinto ubicado en Tiltil que hasta ahora ha albergado exclusivamente a condenados por delitos de lesa humanidad. La medida busca transformarlo en una cárcel común. Sin embargo, los propios internos han levantado fuertes críticas, centradas en el colapso del recinto y las condiciones en las que viven los reclusos.
En una carta enviada directamente al mandatario, los reclusos denunciaron que la capacidad del penal está completamente sobrepasada. Según su testimonio, Punta Peuco fue originalmente construido para 36 internos, pero actualmente alberga a 138 personas, muchos de ellos mayores de 60 años. «Incluso hay internos durmiendo en comedores», advirtieron, subrayando que el hacinamiento ha llevado al colapso de servicios básicos como la electricidad, el agua potable (que llega por camión aljibe) y el sistema de alcantarillado.
Aseguran que, pese a las limitaciones, han logrado ampliar las instalaciones con recursos propios y con la ayuda de algunas ONG. Se han habilitado contenedores, espacios comunes y talleres como habitaciones improvisadas.
Además, relataron que el martes pasado una delegación del Ministerio de Justicia, junto a personal de Gendarmería, arquitectos y comunicadores, visitó el penal para realizar una evaluación técnica. Pero cuestionaron la seriedad de la visita, señalando que los planos que portaban estaban desactualizados y que los funcionarios no tenían conocimiento real de las condiciones del recinto.
¿Qué dijo el Gobierno?
Frente a estos cuestionamientos, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden recurrir a las instancias institucionales correspondientes. “La postura del Gobierno apunta a eliminar los privilegios aún existentes para víctimas de delitos de lesa humanidad”, indicó.
Agregó además que “eliminado el privilegio, la gestión del penal pasa a Gendarmería igual que cualquier otro penal y por lo tanto será Gendarmería quien tiene que hacer las evaluaciones de qué tipo de reos pueden estar ahí, cuántos más o menos tienen que estar”.
