Tras la publicación del informe anual de la Contraloría General de la República, que identificó observaciones por más de USD 1.600 millones en diversas entidades del Estado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que solo un 2,6 % de ese monto, corresponde efectivamente a recursos que deberán ser restituidos o acreditados. El resto, explicó, son observaciones por errores administrativos o falta de documentación, sin que eso implique que se trate de fondos “perdidos” o “defraudados”.
Marcel recalcó que este informe no se trata de una nueva fiscalización, sino de un compendio de auditorías realizadas en años anteriores y cuyos resultados se publican regularmente desde 2016. “No son recursos perdidos, sino que son recursos objeto de observación de parte de la Contraloría”, señaló, añadiendo que los servicios públicos ya han respondido a muchas de estas observaciones a través del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno.
El informe reactivó el debate sobre el control del gasto público. Desde Hacienda, anunciaron medidas para fortalecer los mecanismos de fiscalización, entre ellas la creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIGG), el impulso del proyecto “Regiones Más Fuertes” y el desarrollo de una plataforma digital que permita monitorear las respuestas a observaciones detectadas.
Frente a las críticas, Marcel insistió en desdramatizar las cifras y llamó a una lectura técnica del reporte: “Todo lo anterior nos debería indicar que la idea de que hay una situación de descontrol en la administración pública no es correcta. Otra cosa es que puedan ser mejorables los mecanismos de control”.
