Con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes 14 de julio, en general, el proyecto de ley que establece multas a ciudadanos chilenos por no participar en elecciones, reactivando una discusión postergada desde hace años.
La iniciativa, presentada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), contempla sanciones económicas que van desde los $34.461 hasta los $206.769, salvo en casos debidamente justificados.
Pese a su aprobación general, la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior debido a nuevas indicaciones que deberán ser revisadas antes de continuar su tramitación legislativa.
Voto migrante en el centro del debate
Uno de los puntos que marcó la discusión fue la exclusión de los migrantes avecindados del voto obligatorio, manteniéndose como un derecho voluntario. Según cifras oficiales, más de 786 mil extranjeros con residencia por más de cinco años integran el padrón electoral chileno, que suma un total de 15,5 millones de votantes.
Desde sectores opositores, se destacó que ya existe una reforma constitucional que restituyó el voto obligatorio, por lo que este proyecto solo vendría a dar cuerpo a esa disposición. Además, se defendió el derecho a voto de los extranjeros residentes, en particular los nacionalizados.
Sin embargo, Rubén Oyarzo (Partido Radical) anunció que propondrá una reforma complementaria para restringir el voto migrante en elecciones presidenciales y parlamentarias, afirmando que “es una anomalía que solo en cinco países del mundo los extranjeros puedan votar a ese nivel”.
Cruces políticos y ausencia del Ejecutivo
La tramitación del proyecto estuvo marcada por la ausencia de representantes del Ejecutivo, lo que generó molestia en varios sectores. Parlamentarios criticaron que ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría General de la Presidencia asistieran al debate ni dieran urgencia al proyecto.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó duramente al oficialismo y al Ejecutivo, acusando intentos de debilitar el carácter obligatorio del sufragio:
“Quisieron cometer un fraude a la Constitución al dejar el voto obligatorio sin sanción. Afortunadamente, eso no ocurrió hoy. Pero le pedimos al ministro Elizalde que, en lugar de operar desde las sombras o fuera de la sala, se haga presente en la Cámara de Diputados y le otorgue urgencia a una obligación que le corresponde a este gobierno”, sostuvo el parlamentario.
La diputada, Lorena Fries (Frente Amplio) acusó inconsistencia en los planteamientos de la derecha respecto al voto migrante, señalando:
“Hace pocos meses querían voto obligatorio con multas para todo el mundo. Por un lado la derecha quiere obligarlos a votar, y por otro les niega subsidios a la vivienda, acceso igualitario a la educación y salud”.
Desde el oficialismo, también se alertó sobre los riesgos de legislar con visión de corto plazo, y se enfatizó que el fortalecimiento democrático debe basarse en la educación cívica, no en multas onerosas.
La discusión continúa ahora en la Comisión de Gobierno Interior, mientras la tensión entre voto obligatorio, derechos migrantes y cálculo político sigue escalando de cara a los próximos comicios.
